| FEDERACION LAGO LLANQUIHUE. |
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INFORMACION ACTUALIZADA A DIARIO.
DIRECTORIO NACIONAL SE REUNE CON MINISTRO DE SALUD.
Directorio nacional CONFUSAM. el 05-08-2010, 22:13 (UTC) | | | Encabezada por su Presidenta Carolina Espinoza, el Directorio Nacional electo en las pasadas elecciones nacionales tuvo su primer encuentro formal con las autoridades del Ministerio de Salud. Por parte de la CONFUSAM participaron además Mirtha Inostroza Secretaria General, Angélica Sepúlveda Tesorera Nacional, Aurora Araos Encargada de Capacitación, Fernando Kursan Encargado de Organización, Orlando Romero Encargado de Comisión Técnica, Jury Nova Encargado de Jurídica, Cristina Sandoval Encargada de Mujeres, Patricia Rivera Encargada de Jóvenes y Gabriela Flores Secretaria de Actas.
Durante la sesión que fuera calificada de cordial por la representación de la organización, ase plantearon distintos temas de interés para el futuro de la Atención Primaria Municipal destacando el del financiamiento del sector. sobre este particular, es de destacar que previo a esta primera reunión del Ministro de Salud con la CONFUSAM, ya dicha autoridad se había pronunciado sobre el tema del per capita en la AOPS reconociendo sus insuficiencias y comprometiendo además un incremento en la participación de la APS municipal en la repartición del presupuesto total de salud pública, actualmente ascendiente a un 26%, hasta un 40%.
En la jornada, entre otros puntos tratados, se ratificó por parte del Ministro de Salud la implementación a la brevedad del Programa de Pasantías Internacionales 2010 de la APS municipal, ratificación por demás necesaria a la luz de noticias referidas a la anulación de pasantías de personal del Ministerio de Salud en fecha reciente, hecho que para muchos puso en duda la continuidad de un beneficio altamente valorado por quienes se desempeñan en salud municipal.
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Post natal de seis meses....promesa presidencial....
CONGRESO NACIONAL. el 03-08-2010, 22:25 (UTC) | | | Un emplazamiento al Presidente de la República, Sebastián Piñera, efectuaron diputados y senadores de la Concertación, encabezados por la diputada DC Carolina Goic y el senador DC Mariano Ruiz Esquide.
Los parlamentarios pidieron al Gobierno “escuchar la voz de la gente y del parlamento, cumpliendo con la palabra empeñada”.
El emplazamiento fue apoyado, por el senador Eduardo Frei y por los diputados Adriana Muñoz (PPD), Enrique Accorsi (PPD), Cristina Girardi (PPD), Ximena Vidal (PPD), Denise Pascal (PS), Fernando Meza (PRSD), Víctor Torres DC y Patricio Vallespín, jefe de la bancada DC.
La diputada DC Carolina Goic si bien destacó la entrega del informe, señalando que se están registrando avances, agregó que “queremos ser claros. Esta comisión no reemplaza al parlamento ni a la palabra empeñada del Presidente de la República, así que esperamos que, a la brevedad, el Gobierno envíe el proyecto con la extensión del posnatal a seis meses”.
Opinión compartida por el resto de los parlamentarios, quienes enfatizaron que lo propuesto ayer por la comisión “no corresponde a una extensión del posnatal a seis meses”. Así lo precisó el senador Mariano Ruiz Esquide quien señaló que “no hay que confundirse, lo que se propuso es una flexibilización”.
Sobre el mismo tema, la diputada PPD, Adriana Muñoz, indicó que “me preocupa que las propuestas de esta comisión, que yo valoro en muchísimos aspectos, se asemejen en lo medular a un proyecto de ley que presentó el presidente Piñera cuando fue senador, que buscaba flexibilizar el pre y el posnatal. Es preocupante que en un país donde hay abusos laborales dejemos supeditado un derecho histórico de las mujeres como es el prenatal a negociaciones individuales con las empresas. Aquí hay una lógica del mercado que a la fuerza quiere predominar por sobre los derechos del niño o niña”.
Por su parte la diputada Denise Pascal (PS) señaló que “lamentablemente vemos como el enfoque de este proyecto es totalmente sobre el ámbito laboral y no a la protección del niño y de la madre”.
“Aquí como Concertación planteamos un posnatal de seis meses porque es la manera de amamantar al niño tranquilamente y desarrollar el buen crecimiento del menor. Además nos parece que el miedo de que habrá menor trabajo es falso y al contrario estimamos que si existe una cierta reciprocidad entre trabajadora y empresario, las empresas funcionaran de mejor manera” señaló la diputada PS.
El senador Eduardo Frei, en tanto, advirtió la necesidad de “reenfocar la discusión volviendo a centrarnos en los niños, porque hemos escuchado muchas opiniones de los padres y la verdad es que aquí hay derechos esenciales de los niños”, detallando los beneficios de un posnatal a seis meses.
Finalmente, el jefe de la bancada DC, diputado Patricio Vallespín, agregó que “lo dijimos ayer y, mantenemos la decisión de insistir con la necesidad de extender el posnatal y no de flexibilizarlo, es la decisión de la DC, defendiendo derechos ya adquiridos en el caso del prenatal. A ello, agregamos este emplazamiento público que esperamos sea recogido por el Gobierno”.
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SE UNEN LAS CONFEDERACIONES DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CHILE.
Confusam. el 24-07-2010, 16:34 (UTC) | | | DECLARACIÓN PÚBLICA
Coordinadora Nacional de Confederaciones de Trabajadora/es Municipales de Chile
Santiago, 18 de Julio de 2010.
El pasado 14 de Julio se reunieron en la ciudad de Santiago las directivas nacionales de las Confederaciones de trabajadores municipales del país, ASEMUCH, CONFEMUCH y CONFUSAM, con la finalidad de abordar los problemas que afectan al personal que se desempeña tanto en las funciones propias de los municipios, como en las de los servicios traspasados de salud y educación.
Siendo una conclusión común de las tres organizaciones que el país vive en los últimos meses una compleja situación determinada en lo principal por el arribo de una nueva coalición política al Gobierno, cuya mirada respecto de los temas laborales está mucho más cercana a los criterios propios del mundo de las empresas privadas, empresas que en nuestro país no se han caracterizado por ser respetuosas de los derechos de sus trabajadores, muy por el contrario, en tales circunstancias se hace necesario enfrentar los desafíos que impone dicha mirada de manera unitaria y cohesionada a efectos de que ante cualquier situación que afecte a los derechos de nuestros representados, la respuesta sea una sola.
Hasta la fecha, cada una de las organizaciones de trabajadores del mundo municipal había realizado su labor con independencia, a excepción de la negociación que cada año se realiza en la Mesa del Sector Público, instancia de la que son partícipes ASEMUCH, CONFEMUCH y CONFUSAM. Claramente la historia ha mostrado con creces que solo en la medida en que las organizaciones han sido capaces de actuar de manera unitaria, han podido avanzar en la conquista de sus reivindicaciones más sentidas. Hoy por hoy, ante la política desarrollada por las nuevas autoridades hacia los servidores públicos, se hace más necesario que nunca recoger las lecciones de la historia, razón por la cual, nuestras tres Confederaciones decidieron dar este paso histórico, dando vida a la Coordinadora Nacional de Confederaciones de Trabajadores Municipales de Chile.
Habiendo tomado esta decisión trascendental, hacemos un llamado a todas y cada una de nuestras organizaciones regionales y comunales a replicar en cada comuna del país esta acción unitaria a fin de que también, en cada una de las municipalidades del país, nuestras bases, sus organizaciones, enfrenten unidas la problemática de sus representados.
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PRIVATIZACION DE LA SALUD EN CHILE.
RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE. el 13-07-2010, 18:42 (UTC) | | | Paros de media jornada, protestas informativas y reuniones con alcaldes y comités de usuarios desembocaron en el denominado Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública que se opone a lo que consideran la privatización definitiva de la atención estatal.
Después de un sinnúmero de manifestaciones públicas, el 30 de septiembre del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Salud, Álvaro Erazo, comprometieron los recursos estatales para la construcción del complejo que, incluso, aseguraron se comenzaría a construir este año y tendría un costo total de 40 mil millones de pesos.
Hoy, el gobierno de Sebastián Piñera decidió concesionar la construcción del prometido complejo hospitalario que busca beneficiar a más de un millón de personas del sector sur de Santiago, principalmente de comunas como San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna.
Germán Araya, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud, FENATS, del Hospital Exequiel González Cortés, manifestó que la organización rechaza esa idea, basada en la “excusa del terremoto”.
Según el dirigente, “no quieren nada con la concesión, sino que se asignen los dineros que ya estaban para este hospital”, pues al concesionar los privados “van a querer cobrar” su parte en la entrega del servicio.
Incluso, los usuarios del sistema se manifiestan en contra de la medida pues, como afirma Marisela Conejeros, dirigenta del Comité de Usuarios de la comuna de San Miguel, ellos son quienes tienen “derecho al acceso a la salud con igualdad para todos teniendo o no dinero y es el Estado el que debe garantizar ese derecho”.
En el caso del CARS, además, el concesionar significa retrasar el proyecto al menos otros dos años y volver a invertir dineros en los mismos estudios que ya se hicieron con anterioridad.
Según el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, el ministro Jaime Mañalich le aseguró en una reunión que las concesiones sólo se harían para asegurar la construcción de los recintos.
“El ministro planteó que la instrucción era que los hospitales nuevos se hacían por vía de la concesiones. Al preguntarle qué se incluía en las concesiones, él planteó que no había nada de lo clínico, ni de la atención médica, ni de laboratorio, ni de exámenes, ni nada que tenga que ver con el proceso de atención del enfermo que se fuera a concesionar”.
Navarrete indica que se trata de una alternativa “que va a haber que discutir”, aunque asegura que en el caso del CARS es más complejo aún, pues se va a retrasar, al menos dos años más, la construcción “sin tener claro cuál es el modelo” que se va a seguir.
Aún así, los dirigentes son críticos al respecto. Alicia Aravena, presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud (Fenpruss) del hospital Exequiel González Cortés, asegura que “no se saca nada con tener hospitales nuevos si no hay cómo mantenerlos”.
Aravena habla por experiencia propia y asegura que el hospital Exequiel González Cortés cuenta con “equipamiento muy antiguo y mal mantenido. Las plantas de personal son muy antiguas, por lo que siempre falta personal, lo que lleva a subcontrataciones, honorarios y nula estabilidad laboral”.
El director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Giorgio Solimano, pone paños fríos al debate, pues asume que no existe el interés de privatizar la salud pública por parte del actual gobierno como se está discutiendo.
Si bien reconoce que la administración Piñera en su programa y ahora durante el ejercicio del gobierno “ha planteado una serie de nuevas medidas que apuntan a, según ellos, -entre comillas- mejorar la gestión de los servicios públicos”, esas medidas “llevan a que haya un rol cada vez más importante, facilitando su incorporación, del sector privado a la atención de la población que es beneficiaria del sector público”.
Lo anterior se grafica en la compra de servicios al sector privado, que se hace desde los inicios del Plan AUGE. La diferencia es que desde el mismo ministerio de Salud se estarían agarrando de las graves falencias, como las denunciadas hace algunos días por la Contraloría en el Hospital Barros Luco, para sustentar estas iniciativas.
Según Solimano, esto “debe ser examinado cuidadosamente, discutido con las instancias gremiales, parlamentarias posibles para llegar a la conclusión de que ese tipo de iniciativas van a tener el efecto deseado”.
Lo que más le preocupa al director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile es que “no estamos escuchando nada de cómo se pretende mejorar la prestación de servicios en el sector público, cuando es el Estado el que tiene la responsabilidad de atender a la mayoría de los chilenos”.
Solimano advierte que aunque se opte por la concesión de los hospitales públicos, la pregunta es “quién se hace responsable por la atención médica de esos hospitales concesionados… esa responsabilidad no es transferible”. | | | |
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Grave atentado contra la democracia y libertad de expresion.
Diario del congreso nacional. el 14-08-2009, 15:13 (UTC) | | | La Sala de la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley del Ejecutivo (Boletín 4832) que, entre otras materias, penaliza con 3 años de cárcel a quienes provoquen desmanes con sus rostros cubiertos y presume responsables de las manifestaciones "a quienes hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse".
La votación fue de 42 votos a favor y 29 en contra. El texto retornará al Senado, a tercer trámite, luego de que la Cámara le introdujera modificaciones.
Tras la votación, diputados socialistas, PPD y radicales, anunciaron en la Sala que recurrirán a la Corte Interamericana de Justicia porque el articulo 4, que presume responsables de los desmanes a los convocantes de una manifestación, contraviene las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
El texto legal, que suscitó un extenso debate en la sesión de Sala de este jueves, formó parte de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana contra la delincuencia, consensuada entre el gobierno y la oposición. En su transcurso, algunos parlamentarios oficialistas pidieron el retiro del artículo 4 del proyecto.
Encapuchados
El texto modifica el Código Penal para indicar que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y una multa de 4 a 8 UTM ($ 146.580 a $ 293.160).
El proyecto hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
La iniciativa agrega que los participantes en reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, deberán responder civil y penalmente de ellos. En los casos que los daños sean causados por menores de edad, sus representantes legales deberán responder civilmente.
Presunciones
El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
Ley de Seguridad Interior del Estado
La iniciativa legal modifica esta normativa para incluir entre las autoridades que pueden ser objeto de atentados constitutivos de delitos en contra de la seguridad interior del Estado, no sólo al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y General Director de Carabineros, sino que también a los Ministros del Tribunal Constitucional, al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales del Ministerio Público, al Director Nacional de la Policía de Investigaciones y al Director General de Gendarmería.
Código Penal
Entre los cambios al CP se indica que el Intendente de la Región Metropolitana ha tenido y tiene todas las atribuciones que dichas normas señalan respecto de la provincia de Santiago.
Asimismo, establece que los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública en calles, plazas y otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de las mismas, respondiendo solidariamente de los daños que causen los partícipes, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
También establece la presunción de que dichos organizadores o convocantes no han adoptado dichas medidas, cuando incumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.
Texto del cuestionado Artículo 4 del proyecto de ley:
“Artículo 4°.- Los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de las mismas.
“Los organizadores y los convocantes responderán por los daños que se produzcan con ocasión de esas reuniones o manifestaciones, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
“Se presumirá que los organizadores y convocantes a reuniones o manifestaciones públicas han adoptado las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando cumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.
“Se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.
Jueves 13 de agosto de 2009
editor@congreso.cl | | | |
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PROYECTO DE LEY.
CONGRESO NACIONAL. el 02-07-2009, 01:32 (UTC) | | | obierno ingresó proyecto de ley que permite distribuir “la píldora del día después”
Publicado el 30 de junio del 2009
"Los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos, tanto hormonales como no hormonales, tales como los métodos anticonceptivos combinados de estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de progestágeno solo, los métodos anticonceptivos hormonales de emergencia y los métodos de anticoncepción no hormonal, naturales y artificiales", señala la iniciativa remitida para su estudio a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley (Boletín 6582), ingresado este martes a la Cámara, establece que todas las personas tienen derecho “a recibir información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara; comprensible; completa; y, en su caso, confidencial”.
“Esta información deberá abarcar todas las alternativas eficaces para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias”, agrega.
Añade el texto que “este derecho comprende el de recibir libremente, y de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual” y remite a “un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, dispondrá el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de este derecho”.
Concluye la iniciativa, firmada por la Presidenta de la República y los ministros de Salud, Secretaría General de la Presidencia y Servicio Nacional de la Mujer, que “los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia (organismos de salud), adoptarán las medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos por esta ley. Para ello deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas”.
Al ingresar este proyecto de ley en la sesión de esta tarde, el diputado Patricio Melero (UDI), pidió que el texto fuera estudiado también por la Comisión de Constitución, pero su propuesta fue rechazada por 40 votos contra 24.
Martes 30 de junio de 2009 | | | |
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